Las extradiciones de venezolanos desde Colombia hacia su país, que están congeladas.

El momento crítico que afrontan las relaciones entre Colombia y Venezuela no solo se evidencia en la tensión en la frontera, o en las denuncias del presidente Iván Duque contra el régimen de Maduro al que tacha de ser una “dictadura” y de convivir con el terrorismo y el narcotráfico. Esa ruptura también está en las extradiciones de venezolanos desde Colombia hacia su país, que están congeladas.

En 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz con las Farc –que Venezuela apoyó–, fueron extraditados a ese país 9 venezolanos, el pico más alto desde 2010. En 2017, cuando Maduro convocó a una nueva Asamblea Constituyente que el entonces presidente Juan Manuel Santos consideró ilegítima, la cifra de extraditados bajó a 5. En 2018 solo fueron enviados dos y este año el Gobierno de Duque no ha enviado a nadie.

En el 2018 Venezuela le pidió a Colombia que enviara a 23 personas y en 2019 Maduro no ha requerido a ninguno de sus conciudadanos. Esto se explica porque en enero Duque reconoció a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela, lo que llevó a Maduro a anunciar que rompía relaciones bilaterales.

Lo que sí ha crecido es el número de extradiciones negadas. Entre 2010 y 2017, durante el gobierno de Santos, solo se negaron tres solicitudes. Pero en 2018 fueron negadas 3, y en 2019 iban a corte de septiembre.

Aunque el acuerdo de extradición adoptado en Caracas el 18 de julio de 1911 se mantiene, el congelamiento en ese mecanismo de cooperación judicial es posible debido a que el presidente Duque, como jefe del Estado, tiene la competencia de decidir si envía o no a una persona.

Antes de que el Presidente decida o no enviar a un ciudadano, esas extradiciones deben ser avaladas por la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, en su Sala de Casación Penal, la Corte está estudiando siete solicitudes de extradición de venezolanos.

Este año, la Corte declaró terminado el trámite de envío de tres venezolanos considerando que la embajada de la República Bolivariana de Venezuela reconocida por el Gobierno de Duque, es decir la de Calderón Berti, había retirado su pedido de extradición.

Así, la Corte negó en junio del año pasado la extradición de Suyin Rosaly Navarrete, a quien el gobierno de Maduro reclamaba por fraude electrónico, legitimación de capitales y asociación para delinquir. En enero, Navarrete fue reconocida por la Cancillería colombiana como refugiada, y el 15 de mayo el embajador de entonces, Calderón, retiró la petición de extradición considerando que ella era perseguida política. Lo mismo ocurrió con Óscar Arape García, a quien el gobierno de Maduro solicitaba por forjamiento de documento, agavillamiento y obtención de lucro; y con Ricardo Mora Contreras, a quien Venezuela pedía por el homicidio de dos campesinos, pero quien también logró en Colombia el carácter de refugiado. En el caso de Mora, la Corte recibió una carta de Luisa Ortega Díaz, quien ha sido reconocida como la Fiscal General de Venezuela, y quien llegó a Colombia en 2017 cuando fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro. Ortega afirmó ante la Corte que la extradición de Mora había sido pedida por “autoridades usurpadoras tal como son la del Ministerio Público y la del Tribunal Supremo de Justicia”.

Consultando las bases de datos de la Corte, hay otras extradiciones que no han sido negadas por ese alto tribunal. Según fuentes de la Corte, esto se debe a que la Cancillería colombiana no les ha dado a esas personas un reconocimiento de refugiados, y en su caso el exembajador Calderón no retiró las solicitudes.

“Mientras las autoridades de ese país no aseguren que desisten del envío, la Corte continúa con el trámite y da el visto bueno cuando se cumplan los requisitos”, explicó una fuente del alto tribunal.

Uno de esos casos que la Corte avaló es el del expolicía Edgardo José Barroeta Valera, señalado por Maduro de asesinar a un constituyente en enero de 2018.

En junio, la Corte también dio su concepto favorable para el envío de Hender Alberto Morales, requerido por su país por supuesta pornografía infantil y prostitución forzada. Aunque Morales le pidió a la Corte que lo dejara en Colombia, afirmando que en Venezuela no hay separación de poderes y no hay garantías para sus derechos humanos, el alto tribunal le respondió que “la situación política y social que aqueja a Venezuela no puede ser abordada por la Corte” a la hora de emitir un concepto. Aunque el alto tribunal haya aceptado el envío de estos venezolanos, la decisión final la tiene el presidente Duque, cuyo gobierno, según muestran las cifras, no tiene intención de extraditar a venezolanos mientras las peticiones vengan de Nicolás Maduro.